Aunque la controversia entre la Iglesia Católica y el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet sobre la “píldora del día después” está bien delimitada, al mismo tiempo tiene un trasfondo inquietante. La Iglesia critica la distribución gratuita de la píldora sosteniendo que, eventualmente, tiene consecuencias abortivas y rechazando que pueda ser entregada a las niñas mayores de 14 años sin la autorización de sus padres. Esta oposición fue reiterada por la Conferencia Episcopal, en relación a las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad que afectan al ordenamiento jurídico “y se alejan del cumplimiento de los deberes del Estado hacia las personas y las familias”. Pocos después, el Tribunal Constitucional, por seis votos contra cuatro, declaró inconstitucional la resolución del Ministerio de Salud -que contiene las referidas normas-. El voto de minoría estableció que el Tribunal había infringido sus atribuciones. La mayoría del Tribunal -básicamente de magistrados de derecha, algunos estrechamente ligados a la dictadura-, habría, en consecuencia, violado la Constitución.
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El tema del Postinor2 -conocido como “píldora del día después”- es sorprendente. Se trata de un medicamento que impide la fecundación -y por lo mismo, mal podría ser abortivo-. Se vende en cualquier farmacia a un precio alto, lo que dificulta su uso a sectores modestos. Eliminar esa inequidad es el objetivo del Ministerio de Salud, para prevenir el embarazo adolescente en los sectores pobres, cuya incidencia es diez veces superior que en los sectores acomodados. Esos embarazos adolescentes se convierten, en alta proporción, en abortos y mortalidad materna. No existe evidencia científica que señale que la píldora anticonceptiva de emergencia sea abortiva. Lo sostienen el doctor Horacio Croxatto, investigador de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica, y prácticamente todos los investigadores. En cuanto a la no exigencia de autorización de los padres en el caso de niñas mayores de 14 años y menores de 18, ella deriva de la constatación de que es muy frecuente que las muchachas no se atrevan a contar a sus padres que están teniendo vida sexual. Hay que recordar, además, que la píldora del día después y otras medidas de salud reproductiva son voluntarias. Es decir, nadie está obligado a utilizarlas. Obviamente, las mujeres católicas que no deseen emplearlas, no lo harán.
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Estas son las razones que esgrime el gobierno. Tiene el respaldo del Colegio Médico, de agrupaciones profesionales del sector salud, de los trabajadores de consultorios y de la mayoría de la población, según las encuestas. Incluso otras iglesias cristianas han criticado a los obispos católicos.Sin embargo, la diferencia entre el gobierno y la Iglesia ha escalado y se ha extendido al aborto, que constituye uno de los principales problemas de salud del país. Se calcula que se producen a lo menos 150 mil abortos anuales. Todos clandestinos, porque incluso el aborto terapéutico fue prohibido. La Iglesia no parece contentarse con las declaraciones oficiales de que el tema no está en la agenda del gobierno. Igualmente, un bloque transversal de parlamentarios de derecha y algunos de la DC, autodenominado “bancada por la vida”, anticipa el rechazo a todo proyecto de ley que pretenda abordar el tema: incluido el aborto terapéutico que existió en Chile durante cerca de sesenta años, hasta 1989, con plena aceptación de la Iglesia Católica.
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No basta erigirse en “defensor de la vida” para serlo efectivamente. George W. Bush, genocida en Iraq, se califica como tal, por su oposición al aborto y también a la experimentación con células madres, que podrían ayudar a curar enfermedades de millones de personas.
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El tema del aborto debe preocupar a toda la sociedad y comprensiblemente a la Iglesia, porque constituye para ella un gran fracaso. De las 150 mil mujeres que abortan cada año en Chile -una estimación conservadora- 110 ó 115 mil son mujeres católicas y pobres. Esto indica que lo hacen aun arriesgando -según su fe- la condena eterna… o simplemente porque no le creen a la Iglesia y piensan que tienen derecho a decidir sobre algo tan esencial como tener o no tener un hijo.
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Naturalmente, la Iglesia puede dar a sus fieles las orientaciones que considere adecuadas y será asunto de los católicos seguirlas o no. Pero no puede pretender imponerlas al conjunto de la sociedad, en la cual existe pluralismo religioso y libertad de creencias. Es evidente, en todo caso, que la educación sexual, el respeto a la capacidad de decisión de la mujer y los métodos de prevención deben jugar un papel esencial. Sin embargo, la Iglesia Católica tiene frente a ellos una actitud negativa. La Iglesia rechazó en Chile la educación sexual en los colegios a través de las Jocas; no acepta hasta ahora el uso del condón como anticonceptivo ni como método de prevención, y tampoco acepta el uso de píldoras anticonceptivas. Prefiere insistir en la abstinencia sexual, y rechaza la utilización de dispositivos intrauterinos o anticonceptivos químicos. Solamente tolera la llamada regulación natural. E incluso algunos dignatarios sostienen que las relaciones sexuales sólo se dirigen a la procreación. Considera a la homosexualidad como una enfermedad y no como una condición natural. El sexo por placer o como realización amorosa no es visto con buenos ojos.
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No son, sin embargo, las políticas reproductivas y de género ni el abordaje de la sexualidad adolescente los únicos puntos de discrepancia del poder político con la Iglesia Católica. Hay actuaciones de altos dignatarios eclesiásticos que indican un giro regresivo. Diversas intervenciones del cardenal Francisco Javier Errázuriz así lo señalan, como la defensa que hizo del ex jefe de la CNI, general Humberto Gordon, cuando reivindicó su condición de buen cristiano y militar ejemplar, o el responso laudatorio al ex dictador Augusto Pinochet en su funeral. No fueron más felices sus recientes declaraciones en cuanto a la conveniencia de la “alternancia” política, interpretadas como un mensaje en favor de la derecha. Es frecuente que el cardenal tenga que aclarar palabras que parecen reflejar su verdadero yo. La educación es otro tema de preocupación en que afloran discrepancias entre la Iglesia y el Estado, porque uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática es la educación pública, gratuita, laica e igualitaria, de calidad, ajena a discriminaciones -confesionales, de clase o de género- que desarrolle la autonomía, el sentido crítico y promueva el cambio social.
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Hace algunas semanas, el obispo Ricardo Ezzati, representante de la Iglesia en el consejo asesor presidencial para la educación, hizo declaraciones -respaldadas después por el episcopado- acusando al gobierno de tener un enfoque “gramsciano” sobre la educación. Calificar de “gramscianos” -es decir comunistas, porque Gramsci lo fue de manera relevante- los tímidos planteamientos educacionales del gobierno sería risible, si no fuera por la condición de monseñor Ezzati. Pero da pie para pensar en un acercamiento de la Iglesia a la derecha mediante el anticomunismo.
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El gobierno no debe dejarse arrastrar a un enfrentamiento con la jerarquía eclesiástica. Ese camino es el que quisiera la derecha, y algunos sectores de la DC que buscan un pretexto para cambiarse de bando. Así como durante la dictadura buena parte de la jerarquía católica -representada por el cardenal Raúl Silva Henríquez y por obispos notables como Enrique Alvear, Fernando Ariztía, Carlos González y Carlos Camus- y la gran mayoría de los cristianos pobres y sacerdotes y religiosas ligados a ellos para luchar efectivamente por la vida, en defensa de los perseguidos y por la libertad y la democracia, hubo en cambio obispos -Jorge Medina, Emilio Tagle, Orozimbo Fuenzalida y otros-, sacerdotes, capellanes militares y fieles de derecha que apoyaron a la dictadura con sus secuelas de represión y muerte. Ellos siguen pesando en la Iglesia y al parecer recuperan terreno.
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Muchas son las causas urgentes que exigen a creyentes y no creyentes acercamiento y convergencia. La pobreza afecta a millones de chilenos. Hay frustración y desesperanza en los jóvenes. Continúa el saqueo del país por las transnacionales. El sinsentido de esta sociedad ahogada por el consumo, la competencia despiadada, la explotación, la violencia en las relaciones humanas, los vacíos e insuficiencias en la democracia, requiere salidas y soluciones de fondo. Objetivo común debe ser la disminución del sufrimiento y el término de la miseria, el establecimiento de relaciones autónomas y no autoritarias, orientadas hacia la realización plena del ser humano
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PF (Editorial de “Punto Final” Nº 633, 26 de enero, 2007)
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